El Salvador es una economía pequeña y dolarizada con una población de aproximadamente 6 millones de personas, estrechamente vinculada a Estados Unidos a través del comercio y las remesas.
Desde 2022, el gobierno ha tomado medidas para abordar desafíos estructurales y macroeconómicos. Un esfuerzo concertado en materia de seguridad redujo drásticamente la criminalidad, lo que fortaleció la confianza de los inversionistas y eliminó una barrera clave para la creación de empleo y la prosperidad. Para enfrentar los desequilibrios fiscales y externos, se realizaron tres recompras de deuda soberana entre 2022 y 2024 que ayudaron a aliviar las presiones de financiamiento a corto plazo, seguidas de la aprobación de un presupuesto austero para 2025 y de un Acuerdo de Servicio Ampliado con el FMI por 40 meses en febrero de 2025, cuyo objetivo es apoyar la consolidación fiscal, fortalecer la estabilidad financiera y mejorar la gobernanza y la transparencia. Estas acciones contribuyeron a una fuerte caída en los diferenciales soberanos.
Aún existen desafíos importantes por abordar, como los desequilibrios macroeconómicos, la resiliencia climática, el crecimiento de la productividad y el acceso a empleos de calidad. Las autoridades están enfrentando estos retos mediante una serie de acciones para avanzar de manera sólida en la restauración de la sostenibilidad fiscal y externa, así como en la diversificación de la economía, la atracción de inversión extranjera directa y la reducción de la pobreza.
Además, para que los empleos de mejor calidad realmente contribuyan a reducir la pobreza, estos esfuerzos deberán ampliarse para garantizar que las personas en situación de pobreza puedan acceder a ellos. A corto plazo, se requieren acciones de intermediación laboral para conectar a los trabajadores con las ofertas disponibles en el mercado. A mediano y largo plazo, será necesario mejorar la formación de capital humano, especialmente entre mujeres y grupos vulnerables.
Última actualización: Oct 06, 2025