El país más pequeño de América Central, El Salvador ha experimentado un crecimiento económico modesto en las últimas décadas, con un crecimiento del PIB anual que superó el 3 por ciento solo dos veces entre 2000 y 2020. Aun así, el país logró una disminución significativa de la pobreza y la desigualdad.
La tasa de pobreza (basada en una línea de pobreza de US$5,5 por persona por día) disminuyó del 39 por ciento en 2007 al 22,3 por ciento en 2019. La pobreza extrema, medida en US$1,9 por día, disminuyó del 13 por ciento en 1995 al 1,5 por ciento en 2019. Impulsado por un crecimiento favorable a los pobres y más prosperidad compartida, El Salvador se convirtió en el país más igualitario de América Latina y el Caribe (ALC). El índice de Gini cayó de 0,54 en 1998 a 0,38 en 2019, el más bajo de la región.
La pandemia de la COVID-19 tuvo un impacto negativo significativo en la vida de las personas y los ingresos de las familias. Aunque El Salvador adoptó rápidamente fuertes medidas de contención contra el brote y el Gobierno implementó una sólida respuesta fiscal para limitar el impacto de la pandemia en los hogares y las empresas, la pandemia asestó un duro golpe al crecimiento y el PIB se redujo un 8,1 por ciento en 2020.
La pobreza aumentó en 4,6 puntos porcentuales entre 2019 y 2020. Sin embargo, las estimaciones indican que la pobreza habría aumentado hasta en 7,6 puntos porcentuales sin las medidas de mitigación implementadas por el Gobierno. Se espera que la desigualdad haya aumentado de 0,38 a 0,39.
En 2021, el crecimiento económico se recuperó a un 10,2 por ciento, respaldado por el consumo impulsado por las remesas y por las exportaciones. Se espera que la economía de El Salvador crezca un 2,4 por ciento en 2022 y un 2,0 por ciento en 2023. La campaña nacional de vacunación contra la COVID-19 está bien posicionada, con el 66 por ciento de la población salvadoreña completamente vacunada a marzo de 2022.
Persisten otros desafíos para El Salvador, como la necesidad de avanzar en reformas para la sostenibilidad fiscal. La respuesta fiscal a la crisis de la COVID-19 ayudó a mitigar sus impactos, costó alrededor del 15 por ciento del PIB y, junto con bajos ingresos y gastos rígidos, llevó la deuda pública a más del 90 por ciento del PIB. Para evitar el sobreendeudamiento, El Salvador requiere una consolidación fiscal para mejorar la movilización de ingresos y aumentar la eficiencia del gasto, al mismo tiempo que se protege la recuperación económica y a las personas en pobreza. Un paquete fiscal sólido también puede ayudar a El Salvador a reducir los riesgos de refinanciamiento.
El crimen y la violencia son una amenaza para el desarrollo social y el crecimiento económico en El Salvador y están entre los principales motivos para que muchos salvadoreños migren. La tasa de homicidios cayó de 103 por cada 100.000 habitantes a 20 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2020, la más baja en dos décadas, pero sigue siendo alta en relación con otros países.
El Salvador también tiene alta exposición al riesgo de eventos naturales adversos, incluidos terremotos y erupciones volcánicas, y es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, incluido el aumento de inundaciones, sequías y tormentas tropicales, las cuales afectan de manera desproporcionada a las poblaciones pobres y vulnerables.
A pesar de estos desafíos, El Salvador tiene un gran potencial para impulsar un crecimiento económico dinámico, inclusivo y resiliente. El país puede continuar priorizando el aumento de las inversiones en capital humano para fomentar su acumulación y fortalecer la eficacia del sistema de protección social. El Salvador también puede mejorar la inversión pública y privada, promover el acceso a empleos de alta calidad y fomentar un sector privado más dinámico, competitivo e innovador. Para reducir las vulnerabilidades, el país también puede promover una política fiscal sostenible y equitativa, fortalecer la resiliencia al riesgo de desastres y pandemias y consolidar la gobernanza y las instituciones.
Última actualización: Oct 04, 2022
