Es la estación seca en el extremo noroeste de la península de Nicoya en Costa Rica. Ana Luz Díaz está en alerta máxima. Los incendios forestales no controlados son muy comunes en el corredor biológico de los Cerros de Jesús, próximo a su casa, pero ella está preparada.
Díaz forma parte de una brigada de bomberos forestales integrada por 30 personas, entre las cuales figuran ella y otras cuatro mujeres. Cuando las mujeres se unieron a la brigada, al principio fueron recibidas con escepticismo.
“El mito o pensamiento machista de que una mujer no puede agarrar un machete, o echarse a la espalda una bomba de agua o una sopladora de hojas, que no puede subir una gran colina, siempre está presente”, dijo Díaz.
Superar estereotipos de género es tan difícil como combatir los fuegos. Díaz y sus compañeras brigadistas están demostrando su temple y obteniendo reconocimiento por sus contribuciones, en particular por su eficacia para “rematar” los incendios forestales.
Díaz aseguró que se están produciendo cambios, pero que todavía falta
Las mujeres son propietarias de menos tierras y menos fincas, y de menor tamaño, que los hombres; el apoyo económico que reciben es menor, y su participación en el programa de pago por servicios ambientales (PSA) de Costa Rica es escasa. debido a las responsabilidades que tienen como cuidadoras de la familia y a los estereotipos de género.
Reconocer y apoyar la participación de las mujeres
Ya está en marcha una iniciativa concertada para reconocer, promover y valorar mejor las diferentes formas en que las mujeres y los hombres contribuyen a las labores relacionadas con el medio ambiente, los bosques y el cambio climático. Este esfuerzo se respalda en políticas ambientales nacionales que ayudan a restaurar la cubierta forestal, así como en un marco regulatorio específico y sólido para promover la igualdad de género.
“Costa Rica está a la vanguardia de la sostenibilidad en lo que respecta a los derechos humanos, las cuestiones sociales y el medio ambiente”, afirma Stavros Papageorgiou, especialista sénior en Gestión de Recursos Naturales del Banco Mundial. “El país ha demostrado que cuenta con las instituciones, la legislación y la voluntad política para aprovechar los programas y prácticas ya existentes e integrar verdaderamente el género en la planificación del sector del uso de la tierra”.
En 2019, Costa Rica se convirtió en uno de los pocos países del mundo que elaboró un Plan de Acción de Género (PAG) para su estrategia nacional de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques (también conocida como REDD+ [i]) mediante una mejor gestión forestal.
El PAG se elaboró con financiamiento del Fondo Cooperativo de Carbono Forestal (FCPF por sus siglas en inglés) y en colaboración con expertas en género, organizaciones de la sociedad civil, diversos grupos de mujeres indígenas y pequeñas productoras forestales rurales. Establece una hoja de ruta clara para garantizar recursos financieros, asistencia técnica y seguimiento que empoderen y apoyen a las mujeres en la ejecución de actividades de gran impacto en zonas de bosques prioritarias del país.
Este plan está contribuyendo a dar forma al acuerdo de pago por reducción de emisiones (ERPA) de Costa Rica con el FCPF. Una vez finalizado y firmado, el acuerdo —con un valor contractual estimado de US$ 60 millones— recompensará a las comunidades por sus esfuerzos REDD+. Un porcentaje de los fondos del ERPA se destinará a apoyar iniciativas realizadas por mujeres y exentas de los requisitos en materia de derechos de propiedad que suelen conllevar los programas de PSA.
“Este análisis de género es verdaderamente decisivo. Las pruebas y los datos han puesto en marcha una nueva reflexión sobre cómo motivamos, apoyamos y reconocemos las contribuciones de las mujeres a las iniciativas de paisajes productivos sostenibles”, explica Héctor Arce Benavides, director de la Estrategia Nacional REDD+ del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) de Costa Rica.
Ver con claridad a través de una perspectiva de género
y el 8 % del total de la superficie agropecuaria perteneciente a personas en el país. En el análisis del PAG se determinó que muchas de las zonas con un alto porcentaje de explotaciones agrícolas que pertenecen a mujeres productoras coinciden con lugares afectados por la pobreza. Asimismo, en el estudio se comprobó que las fincas propiedad de mujeres se solapan también con zonas prioritarias para la conservación y la gestión sostenible de los bosques, para la restauración de paisajes y ecosistemas forestales y para la promoción de sistemas productivos bajos en carbono. Sin embargo, hasta ahora, muchos de estos esfuerzos no han tomado en cuenta la participación de las mujeres o, simplemente, las han excluido.
