En un viaje reciente a Chiapas, tuve el placer de conocer a la señora Catarina, una artesana que se dedica a producir artículos textiles, a través de los que muestra la cultura de su estado. Por muchos años, doña Catarina vivió con limitaciones graves para poder proveer lo necesario a su familia y desarrollar su pequeño negocio. Como la mayoría de los adultos en México, no tenía una cuenta bancaria o acceso a crédito.
A fines del 2018, el Banco Mundial publicó un diagnóstico sobre el crecimiento y la inclusión en México, que muestra que existen varios impedimentos para tener un crecimiento económico más acelerado e inclusivo en el país. Uno de ellos es precisamente el acceso a crédito y no es para sorprenderse: en México, el crédito al sector privado no financiero es de alrededor del 42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del promedio de los cinco países más grandes de América Latina, que tienen en promedio 72 por ciento del PIB, y todavía más alejado del promedio de 143 por ciento de los países emergentes.
Pese a que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) generan el 71 por ciento del empleo y más del 50 por ciento del ingreso de negocios, solo el 11 por ciento de ellas tiene acceso a crédito del sistema financiero formal. Los números varían de acuerdo con la encuesta que se use, pero en general, una gran parte de la población no tiene acceso a servicios financieros. Además, las brechas regionales norte–sur, urbano-rurales y de género son más grandes en México que en otros países comparables en Latinoamérica y en el mundo. Los números de México no se parecen ni a los de los países latinoamericanos y menos a los de otros miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino a países de ingreso per cápita y nivel de desarrollo mucho más bajos.
El acceso a servicios financieros puede ayudar a mejorar la productividad y el crecimiento del empleo en los negocios, así como a la acumulación de activos productivos. También puede proteger a los hogares cuando hay tiempos difíciles o choques exógenos, incluyendo desastres naturales. El problema no es nuevo y en la última década hubo algunas reformas para mejorar esta situación.
Más recientemente, a principios del presente año, el gobierno actual, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con Banxico y con el respaldo de la Asociación de Bancos de México, lanzó medidas nuevas y muy positivas para mejorar la inclusión financiera en el país. Entre otras, este paquete incluye la nueva plataforma de cobro digital (CODI) que impulsará el acceso y abaratará los costos de transacciones de pagos para MiPymes y personas, y facilitará la utilización de pagos digitales. También incluye la facilidad de tener crédito sobre nómina en cualquier banco, sin necesidad de que sea el banco usado por el empleador; el redireccionamiento de los objetivos de Bansefi para poder llegar a áreas del país con poco o nada de acceso; y el acceso a cuentas de ahorro para jóvenes de entre 15 y 18 años. Actualmente, estas y varias otras medidas están siguiendo sus procesos de aprobación y/o implementación correspondientes.
A esto se une el marco legal y regulatorio para la operación de la nuevas Fintech —empresas que ofrecen productos y servicios financieros a través de tecnologías de la información—, el cual permitirá un sistema financiero más dinámico y con mayor acceso a capital de inversión guardando la estabilidad del sistema.
Sin duda, hay que reconocer y aplaudir todas estas nuevas reformas y medidas, que son muy buenas desde cualquier punto de vista y ayudarán a la inclusión financiera y al tema más amplio de acceso financiero, tan crítico para el crecimiento más acelerado de la economía.
Este es un muy buen principio de una agenda de mediano plazo. Hoy en día Doña Catarina ya tiene acceso a crédito otorgado por pequeños intermediarios financieros fondeado por un banco de desarrollo (FND). Ella está haciendo crecer a su negocio, paga a tiempo sus créditos, está contratando ayuda y proveyendo a su familia la oportunidad de un mejor futuro.
Pero queda mucho por hacer para que más personas y MiPymes, como el negocio de Doña Catarina, puedan obtener financiamiento. Todavía hay un 63 por ciento de adultos que no tienen acceso a cuentas de banco y 89 por ciento de MiPymes, muchas de ellas con potencial para crecer y generar empleo, que no tienen acceso a crédito en condiciones competitivas. Hace falta reducir el costo y tiempo para recuperar los créditos cuando los deudores caen en impago. También hace falta reconocer una gama más amplia de activos como garantía para acceder al financiamiento. Y más aún, hace falta mayor competencia entre las instituciones financieras para que el costo de financiamiento sea más bajo.
Para ello las autoridades y las instituciones financieras deberán continuar trabajando conjuntamente en una agenda de inclusión financiera.
* Pablo Saavedra es Director del Banco Mundial para México
Este texto fue publicado originalmente en el diario El Universal, México.
