CIUDAD DE GUATEMALA, 12 de octubre de 2021 – Guatemala firmó un acuerdo histórico con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial que proveerá hasta US$52,5 millones en pagos por reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal y aumento de la captura de carbono (REDD+). Este Acuerdo de pago por reducción de emisiones (ERPA, por sus siglas en inglés) recompensará esfuerzos para reducir 10,5 millones de toneladas de emisiones de carbono hasta 2025, como parte del ambicioso programa de reducción de emisiones de Guatemala.
“Guatemala significa ‘tierra de muchos árboles’. Este acuerdo fortalece aún más nuestro compromiso de preservar nuestras selvas tropicales y biodiversidad, combatir el cambio climático y procurar un uso sostenible y equitativo de la tierra para las próximas generaciones”, dijo Mario Rojas Espino, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala.
Aproximadamente el 35% de la superficie total de Guatemala está cubierta de bosques, un porcentaje considerablemente menor al 50% de 1950. Se han talado bosques principalmente para uso agrícola, ganadería y asentamientos urbanos. Los incendios forestales, las plagas y enfermedades y la tala ilegal también amenazan los bosques de Guatemala, al igual que condiciones socioeconómicas y culturales subyacentes, así como barreras y debilidades institucionales y productivas.
El uso de la tierra y cambios en su uso y el sector de silvicultura representan el 27% de las emisiones anuales totales de Guatemala, lo que convierte a REDD+ en una prioridad para que el país cumpla con su Contribución determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) en virtud del Acuerdo de París.
El programa de reducción de emisiones de Guatemala tiene como objetivo abordar los principales impulsores de la deforestación y la degradación forestal. Con una cobertura de más del 31% del territorio nacional y el 92% de las tierras forestales, el programa busca fortalecer el manejo de las áreas protegidas nacionales y reforzar los instrumentos de política forestal, ampliar los incentivos existentes para aumentar las reservas de carbono y promover el manejo forestal sostenible. También tiene como objetivo fortalecer el manejo compartido de áreas protegidas, sistemas agroforestales y plantaciones forestales.
“El Grupo del Banco Mundial está comprometido a apoyar a Guatemala a promover un crecimiento inclusivo y sostenible. Este programa requerirá la participación de diversos actores del gobierno, la sociedad civil, el sector privado, comunidades locales y pueblos indígenas, y beneficiará a todos al ayudar en la conservación de valiosas tierras forestales, un recurso necesario para ayudar a reconstruir mejor para una recuperación económica verde y resiliente”, dijo Marco Scuriatti, representante del Banco Mundial en Guatemala.
El programa incluye un plan inclusivo de distribución de beneficios. Se desarrolló tras amplias consultas a nivel nacional y local para garantizar que las partes interesadas participantes, en particular pueblos indígenas y comunidades locales que dependen de bosques para su sustento, sean justamente reconocidas y recompensadas por su papel en la reducción de emisiones.
Guatemala es el cuarto país de América Latina y el Caribe (después de Chile, Costa Rica y República Dominicana) y el decimoquinto a nivel mundial en firmar un ERPA con el FCPF. En conjunto estos acuerdos comprometen más de US$720 millones para reducir casi 145 millones de toneladas de emisiones de carbono hasta 2025.
El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial es una alianza mundial de gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de pueblos indígenas que se centra en la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, la conservación de las reservas de carbono forestal, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono forestal en los países en desarrollo, actividades que comúnmente se denominan REDD+. Se puso en marcha en 2008 y ha trabajado con 47 países en desarrollo de África, Asia y América Latina y el Caribe, junto con 17 donantes que han realizado contribuciones y compromisos por un total de US$1.300 millones.
