Buenos días. Antes que nada, gracias por acompañarnos hoy en este seminario. Como muchos de ustedes saben, los gobiernos subnacionales desempeñan un papel fundamental en la mejora de la calidad de la provisión de servicios públicos. En la década de los 90, la provisión de prestación de servicios clave, como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura básica, fue transferida a los estados y municipios. En los últimos años, la descentralización de las responsabilidades de gasto se ha fomentado aún más debido a la gran expansión de los servicios educativos y de salud pública, y por las nuevas exigencias a los sectores de seguridad y de protección social. Estos servicios tienen un impacto directo en el bienestar de la población más necesitada, en el crecimiento económico de las regiones y en la reducción de la pobreza, por lo que mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas de estados y municipios es una condición imprescindible para poder continuar con la prestación de estos servicios y con los avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
A raíz de la crisis financiera mundial de 2008-09, la economía mexicana se desaceleró y los ingresos de los gobiernos subnacionales se redujeron. Frente al aumento de obligaciones de gastos y a una capacidad limitada para incrementar los ingresos de fuente propia, la deuda de los estados pasó de 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2008 a alrededor de 3 por ciento en 2015. La deuda subnacional de México sigue siendo relativamente baja y no representa un riesgo sistémico o macroeconómico para el país, pero el número de entidades federativas con dificultades financieras ha aumentado. De igual forma, más gobiernos estatales tienen problemas de sobrendeudamiento y han generado una demanda creciente de restructuraciones del perfil de sus endeudamientos. Actualmente, seis entidades tienen convenios de ajuste fiscal y restructuración de sus deudas que están siendo apoyados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En este contexto, con la adopción de la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios, aprobada por el Congreso en marzo de este año, el gobierno federal ha dado un paso decisivo para mejorar el marco de reglamentación de endeudamiento subnacional. La Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios contiene normas sobre los balances fiscales que están vinculados a un sistema de alertas de indicadores de endeudamiento y otras variables fiscales; normas sobre gastos recurrentes y de personal, el establecimiento de un registro público de deuda, las condiciones bajo las cuales el gobierno federal puede proporcionar garantías para restructuración de deudas subnacionales y requisitos para mejorar la transparencia y gestión fiscal. Confiamos en que esta ley complementará el funcionamiento del mercado de deuda subnacional que ha crecido fuertemente desde el 2000.
Esta nueva ley es un avance crucial para garantizar la sostenibilidad fiscal de estados y municipios. El esfuerzo del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas (UCEF) está reflejado en una ley que sigue las mejores prácticas internacionales en la materia.
El Banco Mundial tuvo la oportunidad de apoyar la preparación de los aspectos técnicos de esta ley. Aportamos a la discusión técnica experiencias internacionales sobre leyes de responsabilidad fiscal, mejores prácticas en el diseño de reglas fiscales y en los indicadores fiscales que deben alimentar el sistema de alertas incluido en la ley. Ahora, el desafío principal en los próximos meses es la implementación de la ley. Por ejemplo, ésta contiene requisitos de información y planeación fiscal que implican la necesidad de mejoras en la capacidad técnica e institucional de las entidades federales responsables del control de su cumplimiento, pero sobre todo de la de los gobiernos estatales y municipales que deberán adecuar sus prácticas presupuestarias, de contabilidad y de gestión al nuevo marco establecido en ella. Implica también algunos desafíos para el sector financiero privado, agencias de rating y otros participantes del mercado de crédito subnacional.
En el Banco Mundial queremos apoyar el proceso de implementación de la ley y aportar la experiencia que tenemos en la materia. Por ejemplo, el seminario de hoy, que organizamos junto con Moody’s, tiene como objetivo conocer y discutir las visiones acerca de la ley que los distintos agentes participantes del sistema de endeudamiento subnacional —el gobierno federal, gobiernos estatales, el sistema financiero y expertos nacionales e internacionales— tienen sobre el tema. Esperamos que las perspectivas que se debatan aquí aporten a la preparación de la legislación complementaria y permitan una implementación de la ley sin contratiempos en los próximos meses.
Estoy seguro que las discusiones que se generen hoy serán productivas.
Muchas gracias.
