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Luchar contra la pobreza: la opción más económica para Brasil

Julio 29, 2016


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Beneficiarias del programa Bolsa Familia reciben capacitación profesional. De acuerdo a un nuevo informe, se podrían realizar algunos ajustes al presupuesto del país sin dañar al 40% más pobre de la población

Marcelo Camargo/ABr.

Un nuevo informe del Banco Mundial compara el gasto público que beneficia tanto a pobres como a ricos

Si tuviera que reducir su gasto, ¿qué recortaría primero?

Un nuevo informe del Banco Mundial indica que la brecha entre gastos e ingresos en Brasil deberá cerrarse en algún momento, a riesgo de que el nivel de deuda quede fuera de control, impactando en la economía y en los servicios proporcionados a la población. El gasto primario del gobierno central representó el 37% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que los ingresos primarios representaron el 36% del PIB. El pago de intereses, no incluidos en los gastos primarios, correspondió al 12,5% del PIB en 2015.

Se pueden realizar ajustes al presupuesto sin dañar al 40% más pobre de la población del país. De acuerdo al reciente Diagnóstico Sistemático de País (SCD por sus siglas en inglés) para Brasil, los programas y servicios orientados a este segmento de la población cuestan apenas el 12,1% del PIB (comparado con el 16,1% erogado en los no pobres) y marcan la diferencia para los más necesitados.

Los subsidios y el actual sistema de pensiones mínimas de la seguridad social benefician a los más ricos mucho más que a la población de bajo ingreso, como se indica en el informe. Esto los convierte en grandes candidatos para su reestructuración.

Al día de hoy, la seguridad social representa casi un tercio (28%) del gasto público. “Basándonos en los datos de la Encuesta Nacional por Muestreo de Hogares (PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), concluimos que el gasto en seguridad social resulta en una distribución del ingreso algo más desigual,” dice Martin Raiser, director del Banco Mundial para Brasil.

Un tema importante es el período de contribución necesario para recibir un salario completo versus el período promedio durante el cual los jubilados reciben ese beneficio: 35 y 22 años, respectivamente. En términos generales, los brasileños comienzan a contribuir al sistema de pensiones de la seguridad social a los 25, se jubilan a los 60 y tienen una esperanza de vida de 82 años. Asimismo, las contribuciones al Régimen General —excluyendo los planes simples y rurales— varían de un 28% a un 31% del salario, mientras que los beneficios jubilatorios para una persona con el mismo perfil representan aproximadamente el 85% del último salario.

Una forma de mitigar este problema es aumentar el período de contribución. Por ejemplo, un trabajador con buena salud que se retire a los 65, en lugar de 60, poseerá valiosos conocimientos y experiencia que transmitir a las nuevas generaciones. “El efecto en la vida de las personas puede ser beneficioso y el impacto fiscal es 100% positivo,” dice Raiser.


" El gasto en seguridad social hace que la distribución del ingreso sea algo más desigual "

Martin Raiser

Director del Banco Mundial para Brasil

Financiamiento a bajo costo

Brasil gasta el equivalente al 5% de su PIB en subsidios a empresas. Si bien esto es menos que lo gastado en seguridad social y pensiones jubilatorias, tiende a favorecer a los ricos.

Esto es así porque las compañías que reciben la mayor parte de los beneficios no son pequeñas empresas administradas por individuos de bajo ingreso, sino compañías más bien grandes que contratan a trabajadores más calificados y que no necesariamente generan puestos de trabajo de calidad para los pobres.

Considerando que los subsidios se proporcionan a un bajo costo (en un país donde el costo de financiamiento es elevado) y su disponibilidad limitada, el nuevo SCD plantea una pregunta: ¿Los subsidios van a quienes de verdad los necesitan?

Por otro lado, los programas y servicios orientados a los pobres —equivalentes a 12,1% del PIB— sí brindan beneficios reales. Esta cifra incluye a la educación primaria y secundaria y la salud pública, además de iniciativas como Bolsa Familia. Como tal, en lugar de controlar el gasto, el nuevo SCD recomienda un uso más eficiente de los fondos disponibles para estos servicios de forma tal de que posibiliten su mejora continua.


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